EL GOBIERNO CONTRA TODOS
FEBRERO 2011

El pasado mes de diciembre se aprobaron dos polémicas disposiciones normativas que afectan al sector medioambiental. Aragón ya se ha levantado contra la Ley 40/2010 de Almacenamiento geológico de dióxido de carbono y se plantea presentar un recurso de inconstitucionalidad al considerar que se vulneran sus competencias en materia de energía y minas, y medio ambiente. Pero este no es el único conflicto entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas. La conflictiva modificación del Real Decreto Ley 14/2010 del sector fotovoltaico es otra de las batallas que enfrenta a la Administración estatal y autonómica.

Ya son varias las comunidades que han decidido plantarse ante lo que consideran un Real Decreto que castiga la energía fotovoltaica. Mientras Murcia, y Valencia, ya han confirmado que presentarán un recurso de inconstitucionalidad, otras autonomías como Extremadura, Aragón, Castilla y León, Navarra y Canarias se están planteando unirse a esta batalla.

Desde el año 2008 se ha cambiado en cuatro ocasiones el marco regulatorio de la energía fotovoltaica. Este hecho podía ser positivo, si cada modificación hubiera animado a los inversores a apostar por este sector, y más en estos tiempos en los que crear empleo es tan necesario. Pero ha ocurrido lo contrario. Según la percepción de los promotores fotovoltaicos cada modificación ha reducido la rentabilidad de las instalaciones, y la incertidumbre legislativa se ha convertido en un límite más para el desarrollo de esta energía renovable.

La lista de afectados por la nueva normativa es inmensa, pero dos ejemplos bastan para conocer la magnitud de la situación. La gran mayoría de los 350 megavatios de energía solar fotovoltaica instalados en La Región de Murcia son propiedad de pequeños y medianos inversores, y según las últimas estimaciones 20.000 agricultores se verán afectados por este cambio legislativo. Más preocupante, si cabe, es que se calcula que 500 trabajadores perderían su empleo en esta autonomía. Un futuro igual de negro les espera a las más 4.500 personas a las que el sector fotovoltaico da empleo en la Comunidad Valenciana.

Si la reforma legislativa sale adelante sin cambios, la situación más crítica la vivirán los productores de energía fotovoltaica. A la pérdida de ingresos, se añade que todavía deben devolver los préstamos contraídos y continuar pagando, además, los costes operativos de las plantas.

La última batalla, que no la guerra, se ha celebrado en el Senado, donde se han modificado dos de las disposiciones más polémicas. Ahora será el Congreso quien tenga la última palabra, y decida, como si se tratara del César en el Circo Romano si la fotovoltaica vive o muere.

FUENTE: www.ambientum.com