LA TASA AL TRANSPORTE COSTARA DE MEDIA 1.000€ AL MES
Maite Cabrerizo 7:05 - 5/08/2010

Después de meses hablando de la famosa euroviñeta -nombre por el que se conoce la Directiva europea que tasa a los vehículos pesados su paso por las carreteras-, ya hay un cálculo sobre cuál es el precio que los transportistas deberán pagar por el uso de las infraestructuras públicas en España: 12.000 euros de media al año, siempre en función del tonelaje del vehículo y del número de kilómetros recorridos. O lo que es lo mismo, 1.000 euros al mes.

Según un estudio del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos (CICCP) entregado recientemente por la CEOE a la Secretaría de Estado de Transportes y al que accedido elEconomista, la aplicación de esa suerte de peaje -que ya está vigente en varios países europeos- reportaría a las arcas del Estado entre 3.000 y 4.000 millones de euros al año, según la red viaria a la que se aplicara.

El CICCP prevé un coste por kilómetros de 0,8 euros. Un dinero significativo para aliviar la maltrecha economía del Gobierno y, según su presidente, Edelmiro Rúa Álvarez, "más que suficiente para atender los 1.200 millones que cuesta cada año la conservación de las vías y que, al tiempo, podría servir, en función del modelo que finalmente se adopte, para reconvertir al sector y dotarlo de mayor competitividad".

De sorpresa en sorpresa
El estudio, ya en las manos del ministro de Fomento, José Blanco, ha caído como un jarro de agua fría entre los transportistas. Dicen que las cuentas no dan "y menos en momentos de crisis como el actual, ya que supondría enviar al paro a muchos camioneros, además del cierre de empresas que no están atravesando un buen momento", dicen desde las asociaciones de transporte por carretera.

El presidente de la Organización Nacional de Asociaciones de Transporte (Fenadismer), Julio Villaescusa, hace el cálculo. "Esta cifra supondría 1.000 euros al mes sólo en impuestos de peaje, al que habría que añadir otros 1.000 euros que los transportistas pagan de media por la renta de su vehículo. ¿Qué les queda?", pregunta preocupado.

La tasa, una Directiva europea basada en la filosofía de "quien usa paga" y "quien contamina paga", afectaría en España a un sector que engloba a más de 120.000 empresas, 300.000 vehículos y unos 400.000 transportistas.

Como ya adelantó este periódico el pasado 26 de junio, los camioneros no descartan una huelga general que paralice el país, algo que ya sucedió hace dos años.

Pero la llegada de la euroviñeta se hace esperar y desde la federación de transportistas miran con recelo al Gobierno. Como reconoce Villaescusa, "el ministro primero ha lanzado globos sonda para caldear el ambiente y ahora, con la huelga de controladores aéreos en la mesa, dice que no ha tomado ninguna decisión sobre ningún peaje y que hay que negociar".

No entienden los trámites y sospechan de las intenciones de los ingenieros de caminos, uno de los sectores más afectados por el recorte de Fomento en obra pública. "¿No será que de esta manera quieren salvar se del tijeretazo?", se pregunta Julio Villaescusa.

Los transportistas son también conscientes de que, por otra parte, Fomento se encuentra en este momento con dos frentes abiertos que pueden convulsionar el país: uno por aire (controladores aéreos) y por tierra (camioneros). "De ahí su mensaje tranquilizador", subraya Julio Villaescusa, en relación a las palabras de José Blanco, que se justificó el martes y dijo que el Gobierno "más allá de la reflexión que hice en el Congreso de los Diputados de que teníamos que buscar fórmulas que permitieran la financiación y la conservación de las infraestructuras, no hay ninguna decisión tomada y, por lo tanto, no hay razón para ningún tipo de convocatoria", aseguró a los medios, en alusión a la amenaza de huelga formulada por los transportistas.

"No hay razón" pero, desde el pasado domingo, la tasa ha entrado en vigor en Portugal y los camioneros españoles deberán pagar por circular por el país vecino. Según Fenadismer, "la situación es caótica y está ocasionando una gran confusión".

FUENTE: www.eleconomista.es